El contrato de crédito social

La situación económica actual ha puesto súbitamente de manifiesto los problemas en nuestras finanzas públicas generados en las últimas décadas. Al margen de medidas de urgencia inicialmente adoptadas, se requiere ahora incrementar la eficiencia en la gestión del gasto público y la reducción del fraude fiscal. Pero en el medio plazo, la sostenibilidad de las fianzas públicas y el mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar, amenazado también por el envejecimiento de la población, requiere, además: • mejorar la eficiencia global del sistema • incentivar el uso racional de los servicios públicos • incorporar mayores dosis de responsabilidad individual en la actuación de los ciudadanos. Por ello se propone un nuevo instrumento, el Contrato de Crédito Social, con la aspiración de compaginar el mantenimiento de un sistema de bienestar universal basado en la solidaridad con los anteriores objetivos de racionalización y responsabilidad. El Contrato de Crédito Social pretende reducir, a la vez, la excesiva carga sobre determinadas rentas medias, los incentivos negativos al esfuerzo y el emprendimiento, y el fraude. Esta propuesta se hace en el marco de una reflexión más general con el fin de caminar HACIA UNA SOCIEDAD RESPONSABLE DEL BIENESTAR.

De momento, el 16 de marzo, la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo anunció en su web que, desde el próximo 1 de mayo, quienes hayan cometido faltas administrativas o económicas —variables que serán clave en el sistema de crédito social que se implementará por completo en 2020— serán castigados con la prohibición de viajar en avión y en tren de alta velocidad.